Panamá funciona como una democracia representativa presidencial donde el poder se divide entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial bajo un modelo clásico de separación de poderes, en lugar de un sistema parlamentario. El presidente no responde ante el legislativo para mantenerse en el cargo y el ejecutivo no puede disolver la Asamblea Nacional, lo que otorga a cada rama un ámbito de autoridad definido y mayormente independiente.
El presidente es elegido por voto popular directo para un único mandato de cinco años y no puede buscar la reelección inmediata; además, se eligen dos vicepresidentes en la misma fórmula. Como jefe de Estado, el presidente representa a Panamá a nivel internacional y supervisa las fuerzas de seguridad del país; como jefe de gobierno, establece la política interna y nombra un gabinete de ministros para dirigir los departamentos ejecutivos. La autoridad legislativa recae en la Asamblea Nacional unicameral, compuesta actualmente por setenta y un diputados que cumplen mandatos de cinco años, elegidos mediante una combinación de distritos uninominales y plurinominales según la población de cada provincia. La Asamblea aprueba leyes, el presupuesto nacional, ratifica tratados internacionales y puede citar a los ministros del gobierno para que respondan preguntas.
El poder judicial reside en la Corte Suprema de Justicia y un sistema de tribunales subordinados, los cuales interpretan la ley panameña de forma independiente a las otras dos ramas. Esta estructura se ha mantenido mayormente estable desde la restauración de la gobernanza democrática en 1989.
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