Bolivia: Desafíos ambientales

La accidentada geografía de Bolivia, que abarca desde las altas mesetas andinas hasta las tierras bajas de la selva amazónica, ha dejado al país expuesto a diversas presiones ambientales. La cobertura forestal, concentrada mayormente en las tierras bajas del este, cayó de aproximadamente 57.8 millones de hectáreas en 1990 a cerca de 50.8 millones para 2020, impulsada por la ganadería, el cultivo mecanizado de soja y la expansión agrícola a pequeña escala. La pérdida de cobertura arbórea se aceleró en años posteriores, con pérdidas anuales que pasaron de unos 1,400 kilómetros cuadrados en 2001 a más de 18,000 kilómetros cuadrados en 2024. El cultivo de coca también ha contribuido a la deforestación, ya que se estima que sembrar una sola hectárea de coca requiere limpiar aproximadamente cuatro hectáreas de bosque.

Bolivia alberga aproximadamente una quinta parte de los glaciares tropicales del mundo, los cuales han retrocedido drásticamente debido al aumento de las temperaturas; los investigadores han documentado que el glaciar Chacaltaya perdió cerca de la mitad de su superficie y dos tercios de su volumen desde 1990. Dado que los glaciares de montaña ayudan a abastecer de agua a ciudades como La Paz, su declive ha generado preocupación sobre la seguridad hídrica a largo plazo, una tensión agravada por el acceso desigual a los recursos hídricos que estalló en la Guerra del Agua de Cochabamba en 1999. La pérdida de hábitat por la ganadería y la agricultura, junto con el comercio ilegal de vida silvestre, ha colocado a cientos de especies endémicas en las listas internacionales de especies amenazadas.

Las respuestas del gobierno han sido contradictorias: Bolivia presentó un nivel de referencia nacional para las emisiones por deforestación ante el proceso climático de las Naciones Unidas en 2023, pero las protecciones de algunas reservas se flexibilizaron en la década de 2010, incluyendo un decreto de 2015 que permitía actividades de hidrocarburos dentro de áreas protegidas y una decisión de 2017 que alteró el estatus del Parque Nacional Isiboro Sécure. La gestión de residuos sigue siendo limitada a nivel nacional, con solo una pequeña parte de los vertederos regulados y el reciclaje representando aún una parte menor de la eliminación total de desechos.