México se organiza como una república presidencial federal, con el poder dividido entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, y distribuido además entre un gobierno nacional y treinta y dos gobiernos estatales. La Constitución de mil novecientos diecisiete sirve como el documento legal fundamental del país, estableciendo este marco y consagrando una separación de poderes diseñada para evitar la concentración de autoridad en una sola rama.
El ejecutivo está encabezado por un presidente que funge como jefe de Estado y jefe de gobierno, elegido por voto popular para un único mandato de seis años sin posibilidad de reelección. El presidente nombra un gabinete para supervisar los departamentos federales y comanda las fuerzas armadas. La autoridad legislativa recae en el Congreso de la Unión, de carácter bicameral, compuesto por el Senado, con ciento veintiocho miembros que cumplen mandatos de seis años, y la Cámara de Diputados, con quinientos miembros que cumplen mandatos de tres años. El Congreso es responsable de aprobar las leyes federales, el presupuesto nacional y ratificar los tratados negociados por el ejecutivo.
El poder judicial recae en la Suprema Corte de Justicia, junto con el Consejo de la Judicatura Federal y un sistema de tribunales colegiados, unitarios y de distrito que interpretan la ley federal y resuelven disputas entre los estados y el gobierno nacional. Cada uno de los treinta y dos estados de México mantiene su propia constitución, gobernador y legislatura, lo que refleja el carácter federalista del sistema general.
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