Granada funciona como una democracia representativa parlamentaria y un reino independiente de la Mancomunidad de Naciones, con el rey Carlos III como jefe de Estado, representado localmente por un gobernador general. La constitución del país establece una separación de poderes entre tres ramas de gobierno, siguiendo tradiciones políticas y legales muy similares a las del Reino Unido.
La autoridad ejecutiva recae en el primer ministro, quien proviene del partido que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes y dirige un gabinete de ministros que rinde cuentas al Parlamento. El poder legislativo reside en un Parlamento bicameral compuesto por la Cámara de Representantes, cuyos quince miembros son elegidos para mandatos de cinco años en distritos electorales de un solo escaño, y un Senado de trece miembros, la mayoría nombrados por recomendación del primer ministro y un número menor sugerido por el líder de la oposición.
El poder judicial funciona de forma independiente de las otras dos ramas y tiene sus raíces en el derecho consuetudinario inglés. Los tribunales de magistrados se encargan de los asuntos de primera instancia, mientras que las apelaciones pasan por la Corte Suprema. Como miembro de la Organización de Estados del Caribe Oriental, Granada comparte la Corte Suprema del Caribe Oriental, con sede en Santa Lucía, como su organismo regional de apelación, mientras que el Comité Judicial del Consejo Privado en Londres sigue siendo la última instancia de apelación del país.
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