Argentina se rige como una república presidencial federal, que divide la autoridad tanto entre tres ramas del gobierno nacional como entre el estado federal y sus provincias. La constitución de 1853, revisada varias veces desde entonces, la más importante en 1994, establece este marco y consagra la separación de poderes entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, junto con amplias garantías de autonomía provincial.
El poder ejecutivo recae en el presidente, quien funge como jefe de Estado y de gobierno, además de comandar las fuerzas armadas. Los presidentes son elegidos para periodos de cuatro años y pueden ser reelegidos una vez de forma consecutiva antes de dejar pasar un periodo. El presidente nombra un gabinete de ministros para supervisar los distintos departamentos del poder ejecutivo.
El Congreso Nacional, el poder legislativo bicameral de Argentina, se compone del Senado, con representantes de cada una de las veintitrés provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y la Cámara de Diputados, cuyos miembros se asignan según la población. Un poder judicial independiente, encabezado por la Corte Suprema, interpreta la constitución y resuelve disputas entre el gobierno federal y las provincias, las cuales conservan una autoridad importante sobre el gobierno local.
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